El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado un plazo máximo de dos meses a la Consellería d’Ensenyament de la Comunidad Catalana para que adapte el sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas, tal y como sentenció en diciembre del 2010 el Tribunal Supremo. La Generalitat, desafiante, anunció ayer mismo que no tiene intención de llevar a cabo cambio alguno y que presentará recurso contra la resolución judicial.

Esta sentencia obliga a utilizar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña y, como consecuencia, el ejecutivo catalán tiene que adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera al castellano como lengua vehicular.

El auto del TSJC apercibe incluso de las consecuencias legales que puede suponer el imcumplimiento de su decisión. La resolución puede ser recurrida en cinco días, pero la impugnación no suspendería de forma automática la ejecución de la decisión, a no ser que el tribunal lo acordara así.

La sentencia del Supremo sobre el catalán obedece a los recursos interpuestos por padres de alumnos escolarizados en Cataluña que denunciaron el modelo de inmersión monolingüe imperante, en su opinión, en el sistema educativo catalán y advertían de que el estudio del castellano quedaba reducido a una asignatura más.

Por su parte la consellería d’Ensenyament insistió en su defensa del modelo lingüístico, argumentando que no ha generado conflictos ni diferencias, ha permitido un buen dominio del catalán y el castellano y ha garantizado la cohesión social.